El TTIP (Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión) que se está negociando con el secretismo habitual con el que se negocian los acuerdos comerciales, entre EEUU y la Unión Europea (a través de la Comisión Europea, su órgano ejecutivo y también legislativo) representa un ataque frontal contra la democracia, la soberanía y los derechos sociales, laborales, sindicales y medioambientales, entre otros.
Existen numerosos
ejemplos y experiencias previas. Varios estudios de impacto independientes
coinciden en que el NAFTA, (TLC entre EEUU, Canadá y México) que lleva 20 años
en vigor, ha tenido consecuencias desastrosas para la población mexicana:
disminución del salario mínimo (-17.9%), aumento de la desigualdad y de la
pobreza (incremento del 21.46% antes del NAFTA al 50.97% después del acuerdo
comercial), deterioro ambiental o éxodo de campesinos a las ciudades (2.7
millones de granjeros mexicanos han abandonado sus tierras), entre otros. Al
otro lado de la frontera, las consecuencias también se pueden cuantificar:
caída de los salarios como consecuencia de la relocalización de empresas en
México, donde la mano de obra es más barata y por consiguiente cierre de más de
60 mil empresas manufactureras estadounidenses. Otro ejemplo sangrante lo representa
el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea. Se ha extendido la
práctica lamentablemente de acaparamiento de tierras. Las corporaciones
transnacionales se apropian de las tierras de los campesinos, violando los
Derechos Humanos y cortocircuitando los procesos, ya difíciles, de
dignificación de los pueblos indígenas.
El TTIP no es un tratado
de libre comercio al uso, que ya de por sí han demostrado no ser beneficiosos
para los pueblos y sus gentes. El TTIP es un acuerdo geoestratégico que pretende
crear un bloque macroeconómico que, por un lado, frenaría la expansión, el
crecimiento y el control hegemónico de los países BRICS (Brasil, India, Rusia,
China y Sudáfrica), y por otro lado, impondría las reglas de juego comerciales
a terceros países, perjudicando especialmente, como es obvio, a los países en
vías de desarrollo.
Ambos lados del atlántico
representan el 12% de la población mundial y el 50% del comercio mundial. ¿Para
qué entonces firmar un tratado comercial entre los dos bloques con mayor
comercio? Ambos lados del atlántico representan el 60% del PIB mundial,
distribuido de una manera absolutamente desigual: el 70% de la población tiene
el 2.7% de la riqueza, frente al 8.7% de la población que ostenta el 87% de la
riqueza. El TTIP supondría abrir un camino de no retorno que ahondaría aún más
esta brecha de desigualdad y de no redistribución de la riqueza.
Consecuencias del TTIP
Existen numerosos
estudios de impacto que el TTIP provocaría en nuestra sociedad en los próximos
años. Los estudios más optimistas encargados por la propia Comisión Europea
auguran un aumento de la renta per cápita de 50€ anuales. Y esos son los más
optimistas!
Jeronim Capaldo,
economista de la Universidad de Tuffs y actual miembro investigador de la
OIT, realizó un estudio de impacto independiente pionero, ya que
es el único que se basa en el modelo de las Naciones Unidas, que tiene en
cuenta variables como la desigualdad, los salarios, los ajustes macroeconómicos
y las tendencias políticas. Según el estudio de Capaldo, el TTIP provocaría
pérdidas en los ingresos de los trabajadores de entre 5.500€ y 3.400€ anuales
por trabajador, pérdidas en las exportaciones netas o en el PIB (-0.50% en el
norte de Europa o -0.29% en Alemania). A causa de la relocalización de
las empresas, se calcula que se perderían 600.000 empleos en toda Europa.
Además de una notable reducción de los ingresos públicos de los Estados que
conllevaría a un incremento de los déficits públicos.
Por otro lado, la
aplicación de la cláusula ISDS, supondría la imposibilidad de remunicipalizar
servicios públicos que han sido previamente privatizados. Las luchas sociales,
como las llevadas a cabo en Irlanda en contra de las tarifas sobre el
agua caerían en saco roto, puesto que instancias supranacionales
antidemocráticas, podrían actuar como co-legisladores, frente a la legitimidad
democrática de los gobiernos. Como dato a tener en cuenta de esta capacidad
co-legisladora que se le otorgaría a las corporaciones transnacionales,
recordar que en el proceso de negociación la Comisión Europea admite que el 92%
de las reuniones que ha mantenido ha sido con grandes multinacionales, frente a
un 8% con plataformas de la sociedad civil. El TTIP y la aplicación de la
cláusula ISDS supondrían una oleada de privatizaciones, puesto que se abriría
la puerta a que las empresas entren a hacer negocio con los servicios públicos.
También se vería afectada
la compra pública que representa un 15% del PIB europeo, lo que convierte a los
gobiernos, sean estatales, regionales o locales, en un potente consumidor y
empleador. Se cortocircuitaría la compra pública responsable, que premia a
empresas que respetan el medio ambiente o que aplican condiciones laborales
dignas para sus trabadores. Si bien no son condiciones de obligado
cumplimiento, la inclusión de este tipo de criterios, favorece al tejido
industrial local, particularmente a las PYMES locales, promoviendo al mismo
tiempo otro tipo de economía, social y solidaria. Por ejemplo, una pequeña
empresa local de mobiliario, no podría competir con la política de precios de
una gran multinacional, que en muchos casos se podría permitir tener pérdidas
temporalmente, con el objetivo de "ganar mercado".
La polémica cláusula ISDS - sistema de resolución de disputas entre
inversores y Estados
El ISDS (Investor- State
dispute settlement) es un sistema de arbitraje privado que resolvería las
disputas entre inversores y Estados, en el caso de que los primeros considerasen
que la legislación de un Estado va en contra de sus beneficios, reales o
esperados. Esto de por sí representa una aberración, puesto que pone en el
mismo nivel a una empresa y a un Estado. Las empresas y los Estados no tienen
los mismos objetivos, intereses y ni por supuesto la misma legitimidad.
Esta cláusula no es
nueva, sino que está incluida en varios tratados comerciales. El CETA (TLC
entre Unión Europea y Canadá), considerado el hermano pequeño, y proyecto
piloto del TTIP, que aún se tiene que refrendar en la Eurocámara, incluye esta
cláusula abusiva y antidemocrática.
Hay numerosos casos de
cómo funciona el ISDS, que van desde el pago de cuantías millonarias por parte
del Estado a grandes multinacionales. Sin embargo el caso de Egipto es especialmente
ilustrativo. Una empresa francesa, Veolia, amagó con demandar al Estado
egipcio, puesto que éste propuso aumentar el salario mínimo en 50€ anuales. La
multinacional que operaba en el país, consideraba que esta normativa le haría
tener unos beneficios menores de los esperados. Había tres opciones: a) que el
Estado indemnizara a la empresa pagándole los beneficios que dejaba de ganar;
b) acudir a uno de estos tribunales de arbitraje privado para que resolviera el
conflicto, asumiendo con dinero público las cuantías millonarias que cuestan
estos árbitros privados; c) que el Estado se retractara y no aprobara ese
proyecto de ley. Egipto eligió la tercera opción. En cualquiera de las tres,
quienes pagan son siempre los mismos: la ciudadanía, porque o bien ve reducidos
sus derechos o bien asumen con dinero público indemnizaciones millonarias a las
empresas o costes millonarios elevadísimos de los tribunales de arbitraje
privados, que son grandes multinacionales dedicadas a la consultoría.
La opción que eligió
Egipto es lo que se denomina el "regulatory chill", es decir, que los
Estados dejan de legislar o regular en determinadas materias laborales,
ambientales o sociales, por miedo a ser demandados por empresas que consideren
que sus beneficios van a disminuir. Es importante recalcar "dejar de
ganar", puesto que no es lo mismo que perder. Es una muestra más de la
perversión y la avaricia inhumana con la que operan las grandes corporaciones,
que no conocen límites, ni patria, ni dignidad.
El TTIP en el Parlamento Europeo
Recientemente, en el
Parlamento Europeo, hemos asistido a un espectáculo bochornoso y lamentable de
usurpación de la democracia e instrumentalización de las instituciones en favor
de los intereses de unos pocos. En la sesión plenaria de junio, tenía que tener
lugar el debate y la votación de un informe del TTIP, que la propia Comisión de
Comercio Internacional, encargada del seguimiento de las negociaciones. Este
informe no representa más que unas recomendaciones o una toma de temperatura de
la opinión del Parlamento Europeo, con el objetivo de que la Comisión Europea,
responsable de las negociaciones, continúe su labor. Las ya mermadas
competencias del Parlamento Europeo, se vieron truncadas cuando se cancelaron
las votaciones y el propio debate en el último momento. La justificación,
meramente técnica y procedimental apelaba al alto número de enmiendas, no era
creíble. En realidad, el caballo de Troya, el conocido ISDS, fue el motivo
real. La gran Coalición, formada por populares, liberales y socialdemócratas no
llegó a un acuerdo sobre la polémica cláusula. La presión de la sociedad civil
y la amplísima movilización a lo largo y ancho de toda Europa, provocó que
varios socialistas europeos se alinearan con las propuestas de la izquierda unitaria
y de los verdes: rechazo sin ambigüedad del ISDS. De este modo, la mayoría de
la Eurocámara votaría en contra del sistema privado de arbitraje. Se abrió una
grieta en la Gran Coalición que los defensores del TTIP no iban a consentir.
Así que suspendieron la votación y el debate hasta nuevo aviso, porque parece
que a algunos solo les gusta la democracia cuando ganan, y cuando pierden
recurren a la política de despachos y de acuerdos de espaldas a la ciudadanía.
Quedó, por tanto, de
manifiesto que el ISDS no es un atrezo, no es una parte más del TTIP, sino un
pilar fundamental de este tratado. El TTIP sin la perversa cláusula no tiene
sentido.
Clases populares vs oligarquía: la lucha continúa
El TTIP no es una lucha
entre Estados Unidos y la Unión Europea, el TTIP es una lucha entre la
ciudadanía y los poderes económicos. Las plataformas sociales de los EEUU
también se movilizan para manifestar su rechazo a este acuerdo comercial.
Además, más de 30 congresistas han mandado una carta a Obama solicitando la
paralización de las negociaciones del TPP, el hermano gemelo del TTIP pero con
países del Pacífico. Todo esto que ocurre al otro lado del atlántico, demuestra
que la lucha común es contra los poderes fácticos y las oligarquías.
Las negociaciones siguen
en marcha, pero hasta finales de 2016 es bastante probable que no terminen. Así
pues hay tiempo para seguir luchando en las calles y para pedir a nuestros
representantes en todos los niveles de gobierno que exijan un Referéndum
vinculante, para que sea la ciudadanía la que decida. Es una cuestión de
democracia y de responsabilidad política, puesto que este tratado cambiaría por
completo nuestra vidas, nuestro estado de derecho y nuestras democracias (ya
débiles de por sí, con un sistema representativo cada vez más desgastado).
*Campaña europea de
recogida de firmas https://stop-ttip.org/
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