Era ya
evidente en Junio que el PP era un partido carcomido por la corrupción, que no
es cuestión de cuatro o cinco chorizos sino una trama organizada, no sólo para
conseguir financiación y sobresueldos sino para favorecer los intereses de un
empresariado que se enriquece a costa de las concesiones administrativas y no
sólo por la obra pública sino de aquellos que se benefician de las
privatizaciones de los servicios públicos, las listas de espera en la sanidad y
especialmente de las reformas laborales que recortan salarios y derechos a la
clase trabajadora garantizándoles así el aumento de sus tasas de beneficio.
Un sector
empresarial depredador que conforma la oligarquía de un país al que consideran
su cortijo privado, herederos de los que alentaron el golpe de estado contra la
República y el genocidio de los que la defendieron.
La
corrupción no sólo supone saquear las arcas públicas para beneficio de unos
pocos, supone también imponer toda una acción legislativa en favor a un
empresariado que ha aprovechado la situación para mantener su dominio sobre la
economía y la política. Desde las reformas laborales, hasta la ley mordaza
pasando por las privatizaciones se impuso un marco jurídico cada vez más
represivo y antisocial a la medida del empresariado que paga y manda. La
corrupción supone también sortear la separació n de poderes para decidir quiénes
deben acusar y juzgar y a quiénes.
La
“Operación Lezo” que ha llevado a prisión a Ignacio González, a su hermano y a
una red de personas de confianza, en el momento en el que se está desarrollando
la vista oral por el Caso Gürtel, es un hito más que desmonta el discurso
desesperado del PP de que esto es cuestión de algunas manzanas podridas. La
lista de casos e imputados del PP no para de crecer día a día.
Es
evidente que el PP de Mariano Rajoy tiene incorporado en su funcionamiento una
“red” de personalidades relacionadas con casos de corrupción que convierte esta
situación en un “problema para la propia democracia”, como se ve en los
múltiples casos que afectan casi a diario a importantes dirigentes de esta
formación. De manera especialmente grave es el comportamiento de la Fiscalía
Anticorrupción que el fiscal Anticorrupción, nombrado por el fiscal general del
Estado, que tiene una afinidad estrechísima con dirigentes de este partido cuyo
deber es combatir la corrupción y trabajar sin cesar contra ella, maniobre para
que no se llegue hasta el fondo en la investigación de este caso es realmente
grave y relaciona directamente este caso a nivel político con la mas “alta
cúpula” del Partido Popular, incluido por supuesto el propio Presidente Rajoy.
Ante esta
situación tan grave, es necesaria la reacción popular, la reacción de una
ciudadanía que como el pasado lunes ante las puertas de Génova debe mostrar su
rechazo a un partido y unas formas de hacer política que consideran nuestra
democracia una tapadera para que algunos escondan sus negocios y corruptelas.
Hay que sacar de la vida pública a quienes han llevado a este país no sólo a la
ruina económica, sino a una ruina mucho peor, la ruina ética y moral.
Desde el
Partido Comunista de España consideramos que la movilización popular debe ser
un elemento fundamental en la construcción de la alternativa por lo que
mostramos nuestro apoyo a las movilizaciones convocadas contra la corrupción
por el Frente Cívico para el 15 de mayo, llamando a promover todo tipo de
movilizaciones y concentraciones unitarias en ciudades y pueblos toda España,
así como a la presentación de mociones en Ayuntamientos, Diputaciones y
Parlamentos en apoyo a la iniciativa de moción de censura contra el gobierno
del Partido Popular.
En el
mismo sentido el Partido Comunista de España saluda y aplaude la iniciativa de
Unidos Podemos de iniciar el camino hacia una moción de censura que saque del
Gobierno al Partido Popular. Entendemos que no se puede mantener una situación
que ya no debió de darse al inicio de esta legislatura. Es el momento de hacer
valer también la posibilidad de poner en marcha las iniciativas parlamentarias
que sobre la derogación de las Reformas Laborales, Ley Mordaza, etc., el
Partido Popular bloquea desde el Gobierno a pesar de su aprobación en el
Congreso.
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